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Las Cortes rechazan el plan de austeridad del PP para la Administración

El pleno de las Cortes regionales rechazó hoy, con los votos de la mayoría socialista, una resolución del Grupo Popular que recogía el plan de austeridad presentado por esta formación, en el que se incluyen, entre otras medidas, la reducción del número de consejerías y de altos cargos del Gobierno autonómico, y que supondría un ahorro a las arcas de la Administración regional de 1.160 millones de euros, según el cálculo de los ‘populares’. El debate general sobre la necesidad de reducir el número de altos cargos, celebrado a instancias del PP, se saldó, sin embargo, con la aprobación de una resolución del PSOE, instando a la Junta a preservar las iniciativas que lleven a la austeridad y el ahorro «sin que ello suponga menoscabar el servicio» de los distintos departamentos, teniendo en cuenta la extensión de la Comunidad Autónoma, que salió adelante con los votos en contra de los ‘populares’.

La consejera de Administraciones Públicas y Justicia, Magdalena Valerio, explicó en el pleno que el presidente regional ya realizó una reestructuración del gobierno hace año y medio, en la que se eliminó una vicepresidencia, tres consejerías, 15 direcciones generales y 15 direcciones generales, todo ello alcanzando un ahorro de seis millones de euros anuales, –que al final de legislatura será de 18 millones– por lo que la petición del PP «llega un poco tarde». Valerio indicó que en Castilla-La Mancha el número de altos cargos es 118, lo que supone un 0,15% en relación al número de empleados públicos de la Administración autonómica, cuando la media nacional está en el 0,48%, y agregó que lo que la presidenta regional del PP y secretaria general, María Dolores de Cospedal, lo que debe hacer es «que esta medida se extienda» a otras comunidades como Murcia, Valencia o La Rioja.

El plan de austeridad que propone el PP pasa por integrar tres consejerías en las actuales, quedándose en siete; eliminar todos los delegados provinciales de las consejerías, salvo los delegados de la Junta; reducir en un 50 por ciento los puestos de libre designación y en un 25 por ciento los eventuales; reducir el 25 por ciento de las empresas públicas, eliminar un 20 por ciento el gasto corriente –que no afecte a gasto social– de las consejerías y organismos autónomos; y reducir las transferencias de financiación y las subvenciones a las empresas públicas. Aplicar todo ello «a rajatabla» supondría, según ha calculado el PP, un ahorro por importe de 1.160 millones de euros, exactamente «la cifra de deuda pública prevista para 2010», destacó Marín.

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