La Mancha

La corrupción está detrás de una empresa implicada en la construcción del ATC de Villar de Cañas

Los dirigentes de SACYR, la gran compañía que se ha llevado 4,6millones de euros por el proyecto de construcción y ejecución de las obras de acondicionamiento de la carretera de acceso al ATC de Villar de Cañas, están imputados por entregar 200.000 euros al PP de Castilla-La Mancha para conseguir el contrato de basuras de Toledo. Es lo que ha querido de manifiesto y denunciar la Plataforma contra el Cementerio Nuclear.

El pasado 22 de Octubre el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, imputó al ex alcalde de Toledo, José Manuel Molina, por la adjudicación en 2007 de un contrato de basuras a la empresa SUFI, filial de SACYR, que se realizó, según el extesorero Luis Bárcenas, a cambio de una donación de 200.000 euros para financiar la campaña de la presidenta de la formación, María Dolores de Cospedal.
Así las cosas, la Plataforma contra el Cementerio Nuclear de Villar de Cañas denuncia cómo una empresa que está implicada en un caso de corrupción ha participado en los trabajos del ATC. En concreto, según el portavoz de la Plataforma, Job Moya, Cospedal quiso el Cementerio Nuclear en Cuenca; hoy es presidenta y tiene el control de ENRESA, a través de Gil-Ortega su presidente, ex alcalde popular de Ciudad Real, de quien SACYR ha recibido 4.600.000 euros por los proyectos de mejora y acondicionamiento de la carretera de Villar de Cañas a Villares del Saz. Para Moya, se cierra así el círculo de la corrupción.

Por cierto que hoy finaliza el plazo de presentación de ofertas para la construcción del Cementerio Nuclear. Florentino Pérez se perfila como más firme candidato para hacerse con dicha concesión; sus empresas –filiales de ACS- están presentes en dos de las tres ofertas. Y por eso, la Plataforma ha querido recordar cómo un proyecto similar al ATC de Villar de Cañas de esta empresa, el proyecto CASTOR, ha tenido que ser abandonado debido a los frecuentes e intensos seísmos que la inyección del gas provocó en las costas de Castellón y Tarragona. Ahora, la Plataforma se pregunta quién pagará la factura en caso de abandono del proyecto de ATC. Ha recordado además cómo en la elección del emplazamiento y proyecto del almacén CASTOR, como ha sucedido en el caso de Villar de Cañas, se dieron graves deficiencias en cuanto a estudios geológicos. Moya insiste en que van a adjudicar a falta de 6 trámites administrativos.

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